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El 20 de diciembre de 2024 marcó un hito oscuro en la historia de nuestro país. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de una reforma constitucional que desmanteló diversos órganos autónomos representa un retroceso en materia de derechos humanos y una preocupante concentración de poder en el Ejecutivo Federal, entre los órganos autónomos que se extinguen está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y sus homólogos en las entidades federativas.

En primer lugar, esta reforma transfiere a los sujetos obligados, es decir, a los entes públicos, la responsabilidad de proteger los datos personales. Esto significa que ahora serán ellos mismos quienes vigilen su propio manejo de esta información sensible, sin una supervisión externa independiente. Los particulares, cuyos datos son procesados por empresas y organizaciones, quedan en una situación de indefensión jurídica al quedar a la espera de la reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

En segundo lugar, se eliminaron los 33 órganos garantes que velaban por el cumplimiento de las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales. Estos organismos eran fundamentales para promover una cultura de transparencia y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública.

En tercer lugar, la reforma establece que serán los órganos internos de control de cada institución los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia; y otras autoridades especializadas en diversas materias jurídicas. Sin embargo, estos órganos están subordinados al poder ejecutivo o a los titulares de sus propios sujetos obligados, como en los ayuntamientos, lo que compromete su independencia y objetividad.

Además, se suprimió la inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes, lo que significa que los sujetos obligados podrán impugnar las decisiones que los obliguen a entregar información, generando un obstáculo adicional para el ejercicio del derecho a la información.

Por otro lado, se eliminó la obligación de las instituciones de colaborar con los órganos de control, debilitando aún más los mecanismos de vigilancia. Asimismo, se desmanteló el Sistema Nacional de Transparencia, que coordinaba las acciones de los distintos actores involucrados en esta materia.

En resumen, esta reforma concentra el poder de vigilancia en órganos internos de control subordinados al Ejecutivo, debilita los mecanismos de protección de datos personales y restringe el acceso a la información pública. Estas medidas representan un grave retroceso para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en nuestro país. Pero eso sí ahorraremos plata para las pensiones del bienestar. Recordemos que la democracia real es cara, pero más caro nos saldrá perderla.

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